En una novedosa y auspiciosa sentencia, la Cámara Primera del Trabajo, con voto en mayoría, rechazó una demanda laboral promovida por una asistente social que reclamaba la existencia de relación laboral con una institución dedicada a la salud.
El voto rector, en sus partes pertinentes, sostuvo los siguientes conceptos: que no se puede dejar de considerar que la actora es una profesional que mantuvo esta relación contractual de locación de servicios, facturando honorarios por doce años, siendo además una persona de formación de grado e instruida, lo cual supone una valoración diferente a la de un trabajador sin conocimiento sobre el tipo de vínculo efectuado.
Repentinamente provocar la ruptura del vínculo mediante la intempestiva intimación a regularizar en el perentorio término de 48 horas no demuestra buena fe y hasta puede considerarse un abuso de derecho. Que ella misma presentó una nota conceptualizando su retribución como honorarios profesionales.
La prestación del servicio debe apreciarse en el contexto de si el profesional está integrado a una empresa o no. Si la empresa ha ejercido poder de dirección sobre aspectos estructurales, tales como horario, lugar, medios técnicos a utilizar o fijado las modalidades de la prestación, imponiendo una subordinación jurídica, o si fue la actora quien se autoorganizaba.
La posibilidad de fijar sus vacaciones, la inexistencia de una carga horaria, la inexistencia de un espacio físico, su inscripción ante la entonces AFIP y hoy ARCA, torna necesario discriminar si quien presta el servicio se encuentra incorporado a la organización empresaria del demandado. Esto se advierte cuando le ha sido asignado un lugar para trabajar, una computadora (por ejemplo), papel, tinta, escritorio, silla, que pertenecen a la institución, o si, por el contrario, se desempeña autónomamente.
Apoyamos y promovemos esta nueva tendencia.
San Carlos de Bariloche, julio de 2025.